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16 de octubre de 2026

Causa Andis: nuevo procesamiento para Diego Spagnuolo por presunto direccionamiento y sobreprecios en insumos ortopédicos

El juez federal Ariel Lijo amplió la imputación contra el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad y procesó a otras 19 personas sin prisión preventiva por contrataciones irregulares a través del Programa Incluir Salud.

El juez federal Ariel Lijo dictó un nuevo procesamiento contra el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en el marco de una investigación penal que busca esclarecer un presunto esquema de corrupción en la compra de insumos médicos y dispositivos ortopédicos. La causa pone el foco en licitaciones y adjudicaciones canalizadas mediante el Programa Incluir Salud, una iniciativa estatal orientada a personas con discapacidad y pacientes de alta vulnerabilidad médica sin cobertura específica.

El expediente, instruido por el fiscal federal Franco Picardi, investiga maniobras desarrolladas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 tendientes a favorecer a un grupo cerrado de proveedores mediante el direccionamiento de contratos y el cobro de presuntos retornos económicos. En este tramo específico de la pesquisa, los peritajes señalan erogaciones inmediatas por 75,5 millones de pesos, aunque el perjuicio fiscal global se calcula muy por encima: al contrastar los valores abonados por el Estado frente a las referencias de mercado en medicamentos y aparatología técnica —como prótesis, implantes cocleares y sillas de ruedas motorizadas—, las diferencias detectadas superan los 7.800 millones de pesos.

La resolución judicial alcanzó en total a 19 personas procesadas sin prisión preventiva, a la par que amplió la acusación sobre otros cinco involucrados que ya figuraban imputados, entre ellos los exfuncionarios Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvette, además de empresarios y directivos de firmas del sector. Para otros 11 sospechosos se dictaminó la falta de mérito mientras se profundizan las medidas de prueba. El abanico de cargos analizados abarca los presuntos delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta y lavado de activos agravado.