Así lo informó el Gobierno Nacional que tras una auditoría realizada por el fiscal Marijuan en 14 provincias, detectaron «que 8 mil personas además de cobrar el plan tienen alguna relación laboral con alguna de las dependencias del Estado», lo que resulta incompatible con la necesidad de obtener apoyo estatal. En consecuencia ya son 4588 personas de Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz que dejarán de percibir el beneficio.
En una de las pocas medidas avaladas por la sociedad, el Gobierno realizó una auditoría en los planes sociales con el objetivo de detectar irregularidades y «transparentar» su asignación. «El Estado inicia la auditoría en todos los planes sociales de Potenciar Trabajo, que son más de 1 millón, para detectar irregularidades o planes mal asignados», sostuvo en conferencia de prensa el responsable Manuel Adorni.
Quienes permanezcan como beneficiarios obtendrán desde el 5 de enero el pago de diciembre que será el último con aumento. La prestación es equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que es de $156.000.
