El tópico relativo al uso de armas en Argentina nunca ocupó – positivamente – un lugar preponderante dentro de la discusión social. Asignadas a las fuerzas y a aquellos particulares que hicieran el requerimiento y se inscriban al registro ateniendose a la regulación nacional.
Los que no piensan de ese modo son los miembros del gobierno nacional que lideran el área de Seguridad. Así lo dejaron expresado cuando ayer por medio de un comunicado oficial sentaron su posición – ¿obsesión? – respecto al tema.
El comunicado expresa que “la ministra Patricia Bullrich, junto al presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, enviaron al Congreso de la Nación un proyecto de ley para regularizar la tenencia de armas en la Argentina. El Ministerio de Seguridad de la Nación –del que depende la ANMaC desde la asunción del nuevo gobierno– precisó que “se implementarán trámites ágiles y sencillos que favorezcan la registración para los usuarios irregulares”.
Lo llamativo es que con anterioridad el gobierno quitó y, fue publicado en el Boletín Oficial, que vía la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) exceptuó la exigencia de tramitar el certificado de idoneidad a los legítimos usuarios de armas (LU) la ANMaC ya había dictado una resolución que exceptuaba de la certificación de idoneidad a quienes deban renovar sus permisos.
La obsesión del gobierno de Milei por temas que no son relevantes para las ciudadanos, y que facilita que más personas puedan acceder a un arma sin ser evaluados por idoneidad, en un contexto de más de 3, 2 millones de nuevos pobres sintetiza la distancia que mantiene el equipo del presidente con los argentinos.
