El Gobierno apeló ante los tribunales de Nueva York el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al país a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera YPF en 2012. En el escrito sostiene que el caso tiene que ser juzgado en el país y que se “inflaron enormemente” los daños de los demandantes.
La línea de la apelación, el primer avance en el caso bajo el Gobierno de Javier Milei, sigue la misma argumentación de la defensa del Estado argentino durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
En el documento, la Argentina le pidió a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que revierta el fallo del tribunal de Preska, el cual “aplicó erróneamente la legislación pública y privada argentina al respaldar los reclamos de los demandantes”.
En esa línea, le pidió que se expida sobre si
la jueza “cometió un error al ejercer jurisdicción” sobre un caso que involucra “las demandas de accionistas de una empresa argentina bajo la Ley argentina contra la República Argentina”.
“El tribunal otorgó el fallo a favor de los demandantes, interpretando preguntas complejas de la Ley argentina y, en su mayoría, estableciendo nueva jurisprudencia argentina a favor de los demandantes en casi todos los aspectos”, señalaron en el escrito los abogados del estudio Sullivan & Cromwell, que continúan representando a la Argentina.
En ese sentido, el Estado Argentino insiste en que la demanda “nunca debería haber llegado a un tribunal de Nueva York” y que debió haberse realizado en el país. “El demandado es la República Argentina, los eventos en cuestión ocurrieron exclusivamente dentro de la Argentina, y todos están de acuerdo en que las demandas deben ser analizadas únicamente a través del prisma de la ley argentina”, indica el documento, divulgado en la plataforma X (antes Twitter) por Sebastián Maril, director regional de la consultora Latam Advisors, quién sigue de cerca el caso.
Fuente: Página 12
