El vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, encabezó una conferencia de prensa en el quinto piso del edificio de la Vicegobernación, acompañado por la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, y por el abogado Luis Adrián Oudin.
El encuentro se realizó tras el fallo de la Justicia misionera que ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido dadas de baja de manera arbitraria a cuatro vecinos de la provincia. La sentencia fue dictada el 5 de septiembre por la jueza civil y comercial de Posadas, Carmen Helena Carbone, y la notificación al Estado Nacional y a la ANDIS se concretó el 17 de septiembre. Desde ese momento, comenzó a correr el plazo perentorio de 48 horas para que el Gobierno Nacional cumpla con la resolución.
Los demandantes —Emilio Mauro (Apóstoles), Wilson Toniolo (Candelaria), Marcos Javier Pereira Duarte (Garupá) y Claudia Belén Romero (San José)— promovieron una acción de amparo con el patrocinio del doctor Oudin y la asistencia del Consejo Provincial de Discapacidad, luego de que se interrumpieran sus pensiones sin previo aviso ni resolución administrativa fundada.
La jueza Carbone consideró que la suspensión fue arbitraria y violatoria de garantías constitucionales como el derecho de defensa, la seguridad social y la tutela judicial efectiva. Ordenó la restitución inmediata del pago de las pensiones, prohibió nuevas interrupciones mientras dure el proceso y estableció multas en caso de incumplimiento.
Fundamentó su intervención en la urgencia del caso, al tratarse de un grupo vulnerable y estar en juego derechos esenciales como la salud y la vida digna. Citó la ley 26.854, que habilita medidas cautelares incluso dictadas por jueces incompetentes cuando se afectan derechos alimentarios o sanitarios. Reafirmó que las pensiones tienen carácter alimentario y que su suspensión sin debido proceso vulnera derechos reconocidos por la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tratados internacionales de jerarquía constitucional.
En la apertura de la conferencia, Romero Spinelli destacó el valor institucional del fallo y sostuvo que no se trata de un tecnicismo judicial, sino de alimentos, medicamentos, techo y vida digna. Afirmó que con esta sentencia se devuelve tranquilidad a cuatro familias misioneras y se marca un precedente nacional: ningún gobierno puede atropellar derechos adquiridos sin consecuencias.
Remarcó el carácter arbitrario de las bajas, realizadas por vía de hecho, sin notificación, sin derecho a defensa y sin acto administrativo que las respalde. La presencia de Tatiana Antúnez reforzó el acompañamiento institucional a las personas afectadas.
El Vicegobernador subrayó el compromiso de Misiones de no mirar para otro lado y de poner a las personas en el centro de sus políticas públicas. Recordó que las pensiones no contributivas no son un privilegio, sino un derecho humano esencial, y que la Justicia lo ratificó al remarcar su carácter alimentario e irrenunciable.
El fallo no sólo alcanza a los cuatro demandantes, sino que constituye un precedente clave para cientos de beneficiarios en situación similar. La jueza Carbone invocó el principio de no regresividad en materia de derechos sociales, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia para personas vulnerables.
La acción judicial se suma al amparo presentado por la Fiscalía de Estado de Misiones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras las irregularidades detectadas en el proceso de auditoría de la ANDIS. El relevamiento territorial del Consejo Provincial de Discapacidad identificó cientos de casos de bajas arbitrarias en todos los municipios desde abril.
Romero Spinelli concluyó su mensaje con una convocatoria a la unidad en defensa de la dignidad y del acompañamiento a las personas con discapacidad.
La conferencia generó repercusión inmediata y expone a nivel nacional la tensión entre las medidas del Gobierno central y la defensa de los derechos sociales por parte de las provincias y del Poder Judicial.
