Uno de los asuntos centrales de la sesión de ayer de la Legislatura provincial fue la declaración de utilidad pública de dos lotes de El Soberbio, con el objetivo de avanzar en la regularización dominial de terrenos ocupados desde hace décadas. La medida contempla la compraventa o expropiación de los inmuebles y busca evitar que unas 37 familias, entre ellas niños y adultos mayores, pierdan sus hogares por un proceso de desalojo.
Según los fundamentos del proyecto, las tierras fueron escrituradas a nombre del actual propietario en 2013, cuando ya estaban ocupadas por las familias. En 2017, el titular inició una demanda de desalojo. Con la nueva ley, la Provincia podrá avanzar en la compra o expropiación de los terrenos para luego transferirlos a los ocupantes que cumplan los requisitos. El Iprodha deberá identificar a los beneficiarios y realizar las mensuras y los trámites necesarios. Una vez escrituradas, las parcelas deberán destinarse a vivienda familiar única y no podrán venderse ni transferirse durante diez años.
Además, entre otras iniciativas planteadas en el recinto, se analizaron propuestas para renegociar deudas de consumo, garantizar el pago en efectivo en los peajes y reforzar los controles sanitarios a la carne porcina importada, además de planteos sobre la asistencia al sector agropecuario.
La situación climática de Misiones también llegó a la agenda parlamentaria con dos iniciativas que abordan la asistencia inmediata al sector agropecuario y la prevención de nuevos riesgos. La diputada Blanca Núñez reclamó que el Gobierno nacional ejecute los fondos previstos en la Ley 26.509 para atender las pérdidas ocasionadas por temporales, lluvias intensas, granizo y fuertes vientos. El planteo busca financiar la recuperación de infraestructura productiva y acompañar a las familias rurales afectadas.
“Misiones tiene una economía profundamente vinculada a la producción agropecuaria”, sostuvo Núñez al señalar el impacto de los fenómenos climáticos sobre las actividades yerbatera, tealera, tabacalera y forestal. La legisladora destacó las tareas de asistencia que realiza la Provincia y los municipios, sin embargo reclamó que Nación cumpla con los mecanismos de financiamiento previstos para estas emergencias.
“Desde Misiones no estamos pidiendo privilegios, sino reclamando respuestas, asistencia efectiva y el cumplimiento de los mecanismos establecidos por una ley nacional”, afirmó.
Por su parte, el diputado Alejandro Arnhold presentó un proyecto para crear el Sistema Misionero de Información, Alerta Temprana y Gestión del Riesgo Ambiental. La propuesta busca integrar información de los organismos existentes, elaborar un mapa provincial de riesgos ambientales, climáticos y antrópicos, y publicar un informe anual. El objetivo es mejorar la evaluación de amenazas y la coordinación entre las áreas competentes, sin crear nuevas estructuras administrativas paralelas.
Peajes, deudas y protección de los consumidores
La diputada Carmen Méndez Asón pidió incorporar un proyecto de ley para garantizar que los usuarios de las estaciones de peaje puedan elegir entre distintos medios de pago, incluido el dinero en efectivo. La iniciativa apunta a evitar que la circulación dependa exclusivamente de herramientas digitales y plantea que la incorporación de tecnología conviva con alternativas accesibles para quienes no utilizan pagos virtuales. “Debería haber un carril exclusivo para uso de dinero físico”, sostuvo durante su intervención.
Otro proyecto plantea instalar “buzones de la vida” para recibir denuncias anónimas sobre trata de personas, narcomenudeo, explotación infantil y otras situaciones de violencia. La presentación incluyó, además, una declaración de interés para un seminario regional sobre El Niño y la variabilidad climática en Misiones.
El sobreendeudamiento de las familias fue otro de los temas abordados: dentro del recinto se propuso crear una Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo dentro de Defensa del Consumidor. El organismo ofrecería una instancia administrativa y sin costo para que los deudores puedan negociar planes de pago con bancos, emisoras de tarjetas, entidades financieras y plataformas digitales, sin necesidad de iniciar juicio.
Más de cien mil misioneros se encuentran en situación 5 en la Central de Deudores del Banco Central. Según los datos que presentó, 70% tiene entre 25 y 54 años; y 41% registra compromisos con billeteras virtuales y plataformas no bancarias. El proyecto propone establecer condiciones de pago acordes con los ingresos familiares, limitar la acumulación de intereses punitorios y proteger el historial crediticio de quienes cumplan los acuerdos.
