La acusación apunta a un entramado de presunto desvío de recursos provenientes del Fondo Especial del Tabaco (FET) y el otorgamiento irregular de pensiones no contributivas, que habría sido utilizado para fines político-partidarios en beneficio del Partido Agrario y Social (Pays).
La denuncia, presentada por la candidata de dipstada por el FR, Micaela Gacek es de 40 páginas y detalla el funcionamiento de la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM) como eje central de las maniobras. Según la abogada, ACTIM recibió más de $1.145 millones del FET en el mes de agosto del último año, sin que exista información pública clara sobre su uso. En la presentación judicial, se solicita que se investigue el destino de estos fondos y se sancione penalmente a los responsables.
Además de Bárbaro como principal acusado, Gacek incorporó en la denuncia a otros presuntos integrantes de la asociación ilícita: el intendente de Colonia Aurora, Carlos “Cali” Goring; Valtierra; Dos Santos; Nilson Brettin; y las diputadas provinciales Elisa Goring y Blanca Alvez. Estas últimas ya habían sido denunciadas por percibir pensiones por invalidez mientras ejercían cargos públicos, lo cual también fue incorporado como parte del esquema de fraude contra el Estado.
Entre las pruebas principales, la denuncia incluye testimonios con nombre y apellido de personas que formaron parte del “núcleo duro” del entorno de Bárbaro. Estas declaraciones detallan los presuntos desmanejos internos en ACTIM y señalan que la oficina de la asociación “funcionaba como una extensión de la ANSES”, facilitando el acceso discrecional a pensiones no contributivas, según se desprende de los relatos incorporados como prueba documental clave.
