Según expresan desde el PJ misionero el partido tenía unos 130 mil afiliados en los años 2000, hoy cuenta con solo 52.000
La Intervención Normalizadora del Partido Justicialista – Distrito Misiones emitió este martes un comunicado oficial en el que informó la suspensión preventiva de las afiliaciones de Alberto Arrúa, Fernando Martín Kornuta y Myriam Comparín, en el marco de un proceso disciplinario iniciado a partir de denuncias formales presentadas por afiliados justicialistas.
Según el comunicado oficial, la medida se adoptó en el marco de denuncias por presuntas faltas graves a la Carta Orgánica, entre ellas un accionar considerado funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineamiento con el gobierno nacional de Javier Milei.
Los “nuevos” afiliados
La campaña permitió sumar más de 5.000 nuevas afiliaciones, recepcionadas en la sede provisoria del partido —actualmente en instalaciones del sindicato SMATA, a la espera de que la Justicia disponga la restitución de la sede partidaria— y presentadas ante la Justicia Federal con competencia electoral para su registración al 30 de diciembre de 2025. Un dato subrayado por la Intervención es que más de la mitad de los nuevos afiliados son menores de 35 años, provenientes de distintas localidades de la provincia.
Además, se informó que otras 250 afiliaciones se encuentran en etapa de control y serán elevadas una vez finalizada la feria judicial, dentro de los plazos previstos para el cierre del padrón del proceso electoral en curso. No obstante, se aclaró que el proceso de afiliación continúa abierto, aunque las altas posteriores quedarán incorporadas para instancias electorales futuras.
En cuanto al plano disciplinario, la Intervención dio curso a las denuncias contra Arrúa, Comparín y Kornuta, quienes se desempeñaron como ex secretario del Consejo Político Provincial, ex vicepresidenta a cargo de la Presidencia del Consejo Político Provincial y ex apoderado partidario, respectivamente. Entre las conductas denunciadas se menciona un accionar considerado funcional a políticas ajenas al ideario justicialista, alineamiento con el gobierno nacional de Javier Milei, sujeción a directivas extrapartidarias y el incumplimiento de la obligación de entregar la sede, las unidades básicas y la documentación contable y partidaria a las autoridades interventoras.
Ante la presunta comisión de actos de inconducta, indisciplina y violaciones a la Carta Orgánica, se ordenó la sustanciación de los sumarios correspondientes y, en ese marco, se dispuso la suspensión preventiva de las afiliaciones de los denunciados, conforme a lo establecido en el artículo 25, inciso m), de la normativa partidaria. También se fijaron audiencias para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa.
