El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, reforma la Ley 26.020 de 2005. Su objetivo es desmantelar la fuerte intervención estatal que generaba duplicaciones, distorsiones de mercado y sobrecostos operativos, y devolver al sector privado la libertad para operar y fijar precios.
A partir de la nueva normativa, cualquier empresa que cumpla los requisitos reglamentarios podrá entrar al mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) sin trámites adicionales. La autoridad de aplicación dispondrá de diez días hábiles para verificar la documentación; si no emite objeciones, la aprobación se entiende otorgada por silencio positivo.
La Secretaría de Energía nacional podrá delegar o coordinar tareas de fiscalización técnica y control con otros organismos públicos o privados, e incluso suscribir convenios con provincias. Al mismo tiempo, los fraccionadores quedan facultados para organizar el canje de envases sin intervención estatal, garantizando que los cilindros circulen en condiciones seguras.
En materia de comercio exterior, las exportaciones de GLP se liberan una vez garantizado el suministro interno; el Estado tendrá siete días para objetar y, de no hacerlo, se aplicará el silencio positivo. Se eliminan también las limitaciones asociadas a la paridad de exportación y las barreras a las importaciones, promoviendo un mercado más transparente y competitivo.
Desde 2018, Misiones implementa el programa Ahora Gas, que distribuye semanalmente garrafas de 10 kg a $10.500 en operativos municipales. Este precio bonificado contrasta con los $16.000–18.000 del circuito minorista y se extendió hasta el 30 de septiembre. Según el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, Ahora Gas se ha consolidado como un beneficio permanente para miles de familias en una provincia sin acceso a la red de gas natural.
