El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, que redefine el Régimen Penal Tributario y el Procedimiento Tributario. La norma, publicada en el Boletín Oficial, introduce cambios de fondo en el sistema impositivo y habilita un esquema simplificado para el Impuesto a las Ganancias.
Entre las principales modificaciones, el umbral de evasión simple se eleva de 1,5 millones a 100 millones de pesos, mientras que el de evasión agravada pasa de 15 millones a 1000 millones. Además, el plazo de prescripción del delito tributario se reduce de cinco a tres años. La normativa establece que los contribuyentes podrán regularizar su situación mediante el pago de la deuda, evitando la apertura de una causa penal.
Para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, se fijan condiciones: ingresos anuales de hasta 1000 millones de pesos, patrimonio total de hasta 10.000 millones y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional. La verificación se hará sobre el período fiscal de adhesión y los dos anteriores, sin acumulación de montos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pondrá a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada, que podrá ser revisada y presentada por los contribuyentes. La presentación y el pago en término, o la adhesión a un plan de facilidades, tendrá efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias. La constancia digital de adhesión podrá utilizarse como antecedente ante entidades financieras y organismos de control de lavado de activos, con un sistema de validación digital implementado por ARCA.
La reglamentación también dispone que el organismo no analizará incrementos patrimoniales —incluidos depósitos bancarios— para la verificación del régimen, e incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas simplificadas, que solo podrán ser impugnadas en casos excepcionales. Si un contribuyente corrige errores antes de una inspección, esa situación no será considerada falta grave.
Finalmente, se prevé una reducción del 50% en las multas para quienes regularicen su situación dentro de los 45 días posteriores al vencimiento de sus obligaciones fiscales.
Un esquema que busca descomprimir la presión penal y facilitar la regularización, con un nuevo marco de simplificación tributaria.
