Amenazas, divulgación de datos personales, llamados reiterados en feriados u horarios nocturnos, simulación de notificaciones judiciales y hostigamiento a menores de edad: las denuncias por acoso y prácticas abusivas en la cobranza se triplicaron en apenas tres años. El dato surge de un relevamiento oficial realizado por la Dirección de Defensa al Consumidor de la provincia de Buenos Aires. Por fuera del esquema formal, las agresiones de los prestamistas informales en los barrios escalan hasta la violencia física y la confiscación de bienes dentro del domicilio de las víctimas. Pese al estancamiento del crédito, la mora siguió creciendo en 2026 y Javier Milei pretende acotar el margen de maniobra del Banco Central.
La mora dejó de ser un dato más del sector financiero y se transformó en un drama social para miles de familias. Ya no solo por el rompecabezas que implica planificar los gastos mensuales con un ingreso disponible cada vez más acotado, sino también por el hostigamiento que sufren por parte de estudios jurídicos, agencias de cobranzas o prestamistas informales en los barrios.
Según datos de la Dirección de Defensa al Consumidor de la provincia de Buenos Aires, los reclamos ingresados bajo el motivo «Prácticas abusivas», con el submotivo «Acoso», se triplicaron en menos de tres años. Fueron 393 en 2024, ascendieron a 1.064 en 2025 y, al 31 de mayo de este año, ya se habían registrado 1.237 denuncias.
Los casos relevados corresponden a agencias de cobranzas o estudios jurídicos que compraron carteras de deudores morosos a bancos, entidades financieras tradicionales y no tradicionales. A su vez, los datos del Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) muestran que el pico de ventas al mercado secundario coincidió con la fuerte volatilidad de las tasas de interés y la caída del ingreso real registrada entre fines de 2025 y comienzos de 2026.
Mientras este fenómeno gana dimensión social, el Gobierno avanza sobre otro frente. El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) elimina algunas facultades de intervención sobre la asignación del crédito, como la posibilidad de orientarlo hacia sectores determinados o establecer políticas crediticias diferenciadas. Al mismo tiempo, prohíbe la compra de deuda pública en el mercado primario.
Prácticas abusivas
«Programamos una visita en el domicilio de su empleador por la deuda pendiente con servicios en mora con el banco. Debemos proceder a la siguiente instancia, donde se le reclamará la totalidad de la deuda a su empleador. También recibirá una visita con escribano público en su domicilio», dice uno de los mensajes que recibió una mujer en la ciudad de La Plata.
Otra de las estrategias utilizadas para intimidar consiste en la redacción de falsas notificaciones judiciales: «Cierre definitivo de expediente F/326720331881… Se da inicio al cobro ejecutivo bajo el mando del Juzgado Civil y Comercial N.º 9 CABA para el siguiente accionar: RETENCIÓN DE HABERES EN LABORAL», expresa una de las cartas aportadas por un denunciante.
El hostigamiento escala a situaciones mucho más graves cuando intervienen prestamistas informales, los conocidos usureros del barrio. Ante la imposibilidad de acceder al sistema financiero formal, Gisela recurrió a uno de ellos en González Catán. Tomó $800.000. En menos de un mes devolvió $1.100.000, pero los prestamistas le reclamaban otros $1.100.000 bajo la amenaza de una visita de la banda de «los colombianos», que se llevaría todos los bienes de valor de su domicilio.
Por supuesto, estas bandas delictivas que operan en los barrios más pobres no son una novedad. Pero avanzan y encuentran un terreno cada vez más fértil ante la caída de los ingresos, el enfriamiento de la actividad y la destrucción del empleo formal.
Fuente: ambito
