La maquinaria de la burocracia se empezó a mover para intentar que en abril ya esté vigente el nuevo precio que se cobrará al subir una barrera. Desde entonces, los conductores argentinos pasarán de los actuales $300 a $900, mientras que los camiones de mayor porte, que actualmente pagan $1500 tendrán que abonar $6000 para transitar.
Formalmente, lo que sucedió es que por estas horas, la empresa estatal Corredores Viales, que la titular de las rutas que fueron concesionadas y luego, revertidas al Estado, le pidió a Vialidad Nacional que inicie el proceso para llamar a audiencia pública y disponer la actualización del cuadro tarifario. Como se dijo, los valores actuales se multiplicarán por tres.
Los nuevos peajes se aplicarán a todos los corredores viales que alguna vez, durante el gobierno de Mauricio Macri, fueron concesionados mediante el sistema de Participación Público Privado (PPP), rescindidos por la administración de Alberto Fernández. Se trata de 10 corredores troncales, donde está incluida la autopista Ezeiza Cañuelas, cuya concesión era de Cristóbal López y que fue rescindida por el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Justamente de esa medida, y de la necesidad de mantener la operación de la traza, nació Corredores Viales que, cuando se dieron de baja aquellos contratos de PPP, pasó a ser el empleador de los trabajadores que pertenecían a las firmas privadas. Este aumento del peaje, cuyo proceso se inicia, no es una medida aislada sino que se enmarca en un profundo saneamiento a la que será sometida la empresa estatal.
Uno de los principales problemas de Corredores Viales, que ahora quedó bajo el ámbito de la Jefatura de Gabinete, es que siempre tuvo encima el peso de Vialidad Nacional, la rectora de las rutas argentinas que siempre vio con recelo la creación de otro organismo, en este caso, una empresa, que le quite funciones y protagonismo. Las dos están unidas por tres contratos que limitan fuerte la posibilidad de gestión autónoma en Corredores. Por caso, es imposible autorizar cualquier explotación en la ruta, por caso una estación de servicio, sin que Vialidad de el visto bueno. La nueva administración ambiciona llegar a un contrato, dar de baja dos y recuperar facultades para dotar de agilidad a la empresa.
Por ahora, no habrá privatización para las rutas con peaje. La razón es sencilla: no hay negocio como para atraer al capital privado. El mandato de la nueva gestión es intentar equilibrar los números. En realidad, lograr que los gastos corrientes se paguen con los ingresos de los peajes.
Ahora bien, para que eso suceda, estiman en el Gobierno, el valor por subir la barrera debería estar muy por encima de los 900 pesos que se autorizarán cuando termine el proceso formal. Por ahora, además, es un imposible pensar que con la recaudación se puedan solventar las inversiones en infraestructura.
