El Gobierno nacional oficializó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), pieza central de la reforma laboral que apunta a dinamizar el empleo privado. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 315/2026 y firmada por el presidente Javier Milei junto a sus ministros, establece una reducción de las contribuciones patronales durante cuatro años para quienes incorporen nuevos trabajadores.
El esquema fija una alícuota del 8% —incluido el 3% destinado al Fondo de Indemnizaciones— y se aplica a empleados que no tenían relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, que fueron monotributistas, desempleados en los seis meses previos o que provenían del sector público. El beneficio alcanza hasta el 80% de la nómina de cada empleador inscripto en la ARCA.
La reglamentación se conoció tras un fallo judicial favorable al Ejecutivo, que habilitó la competencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa iniciada por la CGT contra la reforma laboral.
El decreto precisa además la distribución de las contribuciones reducidas: el 2% se reparte entre el SIPA, el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares; el 3% se destina al INSSJP. Los ingresos adicionales que obtenga el trabajador luego de su incorporación no alterarán el beneficio patronal.
