A través del decreto 439/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la prórroga de las retenciones para las exportaciones de trigo y cebada hasta el 31 de marzo de 2026, y dispuso un aumento de los derechos de exportación para cultivos como la soja, el maíz, el sorgo y el girasol, a partir del 1° de julio.
En el caso del trigo y la cebada, se mantendrá una alícuota preferencial del 9,5 %, con la condición de que los exportadores liquiden el 90 % de las divisas dentro de los 30 días hábiles posteriores a la declaración jurada de venta al exterior (DJVE). De no cumplir con este plazo, se aplicará la alícuota general del 12 %.
El esquema será distinto para la campaña gruesa. La soja volverá a tributar el 33 %, tras haber operado en un 26 %. El maíz y el sorgo pasarán del 9,5 % al 12 %, y el girasol subirá de 5,5 % a 7 %.
La medida generó cuestionamientos desde el sector agropecuario. La Confederación Rural Argentina (CRA) y Coninagro expresaron su preocupación por la carga fiscal diferencial y el impacto en la planificación de inversiones. Mientras valoran la prórroga para la campaña fina, advierten que los aumentos para los cultivos más rentables agravan la incertidumbre productiva en un escenario climático e internacional adverso.
También se sumaron reclamos desde las Bolsas de Comercio de Rosario y Buenos Aires, que solicitaron condiciones similares para el resto de los granos, especialmente tras las lluvias que afectaron las proyecciones de cosecha gruesa.
En paralelo, analistas financieros detectaron un aumento en la liquidación de divisas en los días previos a la entrada en vigencia del nuevo esquema. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), entre el 21 y el 25 de junio se aceleró la venta de dólares, pasando de un promedio diario de 169 millones a 262 millones el lunes y 195 millones el martes.
Desde el Ejecutivo, justifican la medida como un intento de sostener el equilibrio fiscal premiando a quienes cumplan con plazos de liquidación más cortos. Sin embargo, la falta de un tratamiento uniforme para todos los cultivos vuelve a tensar el debate sobre equidad y previsibilidad en la política tributaria agroexportadora.
