Mediante la Resolución 48/2025, el Ministerio de Economía —a través de la Secretaría de Transporte— derogó las normativas que regían el transporte automotor de cargas en el país, entre ellas la Resolución 8/2016 y la Resolución Conjunta 1/2023. La medida apunta a simplificar el marco regulatorio y habilitar acuerdos comerciales directos entre transportistas y productores, sin intervención estatal en la fijación de precios.
La decisión responde a planteos de cámaras empresarias del transporte y entidades agropecuarias que reclamaban mayor flexibilidad operativa y eliminación de trabas burocráticas. En ese sentido, se pone fin al sistema de tarifas de referencia surgido de las mesas de negociación participativa, que había generado interpretaciones contradictorias y rigideces en su aplicación.
Desde ahora, los precios del servicio quedarán sujetos a la libre competencia y negociación entre las partes. El Gobierno considera que esta desregulación permitirá mayor transparencia y dinamismo en un sector clave para la logística y el abastecimiento interno.
La resolución entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y se enmarca en el proceso de apertura económica que impulsa el Ejecutivo en distintos sectores productivos.
