La decisión se tomó tras un análisis técnico que determinó que la obra generaría impactos ambientales negativos e irreversibles.
El fallo se fundamenta en el dictamen de la Comisión Técnica de Evaluación, que revisó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por los responsables del emprendimiento. El informe advirtió que la actividad implicaría contaminación acústica, lumínica, del aire, suelo y agua; además de provocar fragmentación del hábitat, riesgo de incendios forestales y una presión antrópica inadmisible sobre una de las reservas naturales más frágiles de la provincia.
El procedimiento de evaluación comenzó en enero con una inspección al predio y continuó con el estudio del EIA conforme a la Ley Provincial XVI-Nº 35. En paralelo, se abrió una instancia de participación ciudadana que sumó numerosas críticas de vecinos, guardaparques, especialistas del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) y organizaciones ambientales, quienes advirtieron sobre los riesgos del emprendimiento para la biodiversidad local.
Pese a esas advertencias, los desarrolladores del proyecto no presentaron las respuestas técnicas ni el informe de participación ciudadana en el plazo establecido, lo que terminó por consolidar la resolución negativa del Ministerio. A partir de ello, la cartera ambiental declaró la no viabilidad ambiental del kartódromo y prohibió su autorización, habilitación y ejecución.
La situación se tornó más grave el pasado 27 de julio, cuando una nueva inspección constató movimientos de suelo en el terreno, realizados sin autorización oficial. Ecología labró un acta de paralización inmediata de las obras y abrió un sumario ambiental contra los responsables.
El área del proyecto, según consta en el dictamen técnico, colinda con hábitats críticos de especies amenazadas como el yaguareté (Panthera onca), y se encuentra bajo un régimen de protección legal. “El kartódromo, tal como fue presentado, vulnera normas ambientales provinciales y nacionales, y compromete la integridad ecológica del Parque Provincial Puerto Península”, señala la resolución.
Como medida complementaria, el Ministerio intimó al desarrollador a presentar en un plazo de 15 días un plan de restauración del área afectada, que deberá incluir acciones concretas de recuperación del bosque nativo, con reforestación de especies autóctonas y bajo monitoreo oficial.
La iniciativa había sido objetada desde un principio por vecinos y organizaciones ambientales, y la reciente decisión oficial cierra definitivamente cualquier posibilidad de avance del emprendimiento. Greenpeace también había solicitado públicamente su cancelación.
