El juez penal económico Diego Amarante rechazó este martes el pedido de la defensa de Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para suspender las audiencias indagatorias en la causa por presunta apropiación indebida de aportes. La decisión mantiene firme el cronograma de citaciones y obliga a la cúpula de la entidad a presentarse en tribunales.
La estrategia de la defensa
Los abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti habían solicitado frenar las audiencias hasta que la Cámara Nacional en lo Penal Económico resolviera una apelación. Allí sostienen que corresponde el sobreseimiento por inexistencia de delito. El magistrado, sin embargo, calificó el planteo como “improcedente” y ratificó la continuidad del proceso.
El cronograma de indagatorias
- Jueves 5 de marzo: Claudio Tapia.
- Viernes 6 de marzo: Gustavo Lorenzo.
- Lunes 9 de marzo: Víctor Blanco y Cristian Malaspina.
- Miércoles 11 de marzo: Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
El juez rechazó además el pedido de Toviggino para declarar por videoconferencia y ordenó presencialidad obligatoria, con refuerzo de seguridad en la sede judicial de Avenida de los Inmigrantes.
La denuncia de ARCA
La investigación se inició el 12 de diciembre tras la presentación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo acusa a la AFA de retener tributos y aportes de seguridad social sin girarlos al fisco en tiempo y forma. La maniobra comprende 69 hechos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Según el informe técnico, la entidad recibió acreditaciones bancarias por más de $45.000 millones en diciembre de 2024, además de mantener inversiones en plazos fijos. Para la querella, no existían dificultades financieras que justificaran el incumplimiento.
Las cifras bajo la lupa
Seguridad social: $8.675 millones.
Retenciones impositivas (IVA y Ganancias): $10.678 millones.
La acusación habla de una “bicicleta financiera” con fondos que pertenecían a los empleados y al sistema tributario.
Lo que viene
El fiscal Claudio Navas Rial avaló el avance de la investigación bajo el Régimen Penal Tributario, que prevé penas de dos a seis años de prisión. Tras la última indagatoria, el juez Amarante tendrá diez días hábiles para definir la situación procesal de los dirigentes: procesamiento, sobreseimiento o falta de mérito.
