La medida apunta a reforzar los estándares de ética, idoneidad y transparencia en la función pública.
Al fundamentar la decisión, el mandatario fue contundente respecto al rol que implica ocupar un cargo estatal. “Ejercer un cargo no es un privilegio, es una responsabilidad”, afirmó Sáenz, al remarcar que quienes representan al Estado deben cumplir condiciones acordes a la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones.
Desde el Gobierno provincial explicaron que el decreto busca «garantizar que los funcionarios cuenten con la aptitud moral y funcional necesaria para desempeñar sus tareas». En esa línea, el gobernador sostuvo que «la gestión pública debe sostenerse sobre reglas claras y controles efectivos», como parte de una política orientada a fortalecer la credibilidad institucional.
El DNU también establece consecuencias concretas para quienes no cumplan con los exámenes exigidos. Según se indicó, las sanciones estarán enmarcadas en lo que dispone la Constitución Provincial y la normativa vigente, e incluso podrían derivar en la remoción del cargo, en caso de corresponder.
En el cierre de su mensaje, Sáenz subrayó el sentido político de la decisión y el compromiso que implica gobernar. “Gobernar implica tomar decisiones firmes, con responsabilidad y respeto por las instituciones”, expresó, y agregó que la ética y la transparencia deben ser pilares irrenunciables de la función pública.
Fuente: lagaceta
