Este miércoles 6 de agosto se publicó en el Boletín Oficial el edicto que formaliza la disolución y liquidación de la Federación de Clínicas y Sanatorios de Misiones, organización civil creada en el año 2000 e integrada por las asociaciones de Zona Sur, Zona Centro y Alto Paraná. La decisión fue adoptada en una asamblea extraordinaria realizada el 15 de mayo, en un contexto marcado por la prolongada crisis del sector de salud privada y la fragmentación de intereses entre sus miembros.
Según el edicto, quienes deseen presentar reclamos o deudas de terceros podrán hacerlo en el domicilio de la entidad —Calle Tucumán 2137, Posadas— en el horario de 08:00 a 12:00, durante un plazo de 30 días contados desde el 6 de agosto. En ese mismo lugar, ya se retiró la cartelería institucional de la Federación y se instaló la de ConSalud, prestadora vinculada a la familia Boratti.
Crisis estructural y pérdida de legitimidad
La disolución de la Federación refleja el deterioro de su capacidad de representación. La falta de aportes societarios, la pérdida de convenios estratégicos —como el que mantenía con el IPS hasta diciembre de 2024— y la concentración de poder en pocos actores con mayor capacidad instalada, debilitaron su rol como herramienta de negociación colectiva.
La salida de sanatorios como el Posadas y la exclusión de otros como Camino evidencian la pérdida de consenso interno. El único convenio vigente al momento de la disolución era con PAMI, lo que resultaba insuficiente para sostener la estructura operativa.
Posible efecto dominó en el sector
La situación podría replicarse en otras entidades del sector. La Asociación de Clínicas y Sanatorios Zona Sur, por ejemplo, lleva más de dos años sin reunir el quórum necesario para convocar a asamblea. El sistema de voto ponderado por cantidad de camas consolidó una hegemonía que profundizó las divisiones internas.
La disolución de la Federación marca un punto de inflexión en el mapa institucional de la salud privada en Misiones, con implicancias sobre la articulación sectorial y la capacidad de negociación frente a organismos públicos.
