Con la cuenta regresiva en marcha hacia la decisiva sesión del 15 de octubre en la Cámara de Diputados de la Nación, las bases productivas de la tierra colorada elevaron la vara de la confrontación política. En un manifiesto de siete carillas difundido este 6 de octubre, referentes agrarios, asociaciones de productores y dirigentes de toda la provincia intimaron a los legisladores nacionales a rechazar de plano el mega DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei, advirtiendo sobre un escenario de daño irreparable para la principal economía regional y la soberanía del territorio.
El escrito —patrocinado por el abogado Federico Padolsky y rubricado por una masiva nómina de colonos— abre con una cita categórica del General José de San Martín: “Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla”. A partir de esa premisa, el texto traza un diagnóstico crudo sobre la desarticulación del esquema regulatorio y el retroceso institucional que atraviesa la actividad.
Soberanía territorial y malestar con la Justicia
Uno de los ejes medulares del documento aborda la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la Ley de Tierras. Para los firmantes, aunque el máximo tribunal haya argumentado un rechazo por mera «cuestión formal» y falta de legitimación, en la práctica política la medida reabre las puertas a la extranjerización del suelo productivo: «Abre nuevamente la posibilidad de que la tierra productiva argentina pase a manos extranjeras, profundizando el extractivismo y la pérdida de soberanía», denunciaron, alertando además sobre una progresiva «pulverización del Estado de Derecho».
A este escenario se suma la creciente indignación por la parálisis de la causa iniciada ante el fuero federal local, donde las asociaciones solicitaron la inconstitucionalidad del capítulo yerbatero del decreto y una medida cautelar urgente para restituirle al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sus facultades fijadoras de precios y de fiscalización.
“A sola firma, el presidente de la Nación decidió modificar la ley de creación del INYM, derogando todo el articulado y borrando cualquier atisbo de tutela de los derechos de la producción primaria (…) Llevamos seis meses esperando que la Justicia Federal se expida sobre la cautelar, pese a la evidencia y a la afectación directa del interés general de toda una provincia”, fustigaron.
Emplazamiento directo: sin margen para la ambigüedad
En su tramo más incisivo, el pronunciamiento abandona las generalidades e interpela directamente a cada uno de los siete representantes de la provincia en la Cámara Baja: los renovadores Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz (del bloque Innovación Federal / Argentina Federal); los libertarios Diego Hartfield y Maura Gruber (La Libertad Avanza); y Emmanuel Bianchetti (PRO).
El sector les exigió que abandonen cualquier postura tibia o especulativa frente al quórum y la votación del decreto: “Ustedes deberían conocer lo que significa esta tierra. Hay momentos en la historia donde no alcanza la ‘moderación’. Quienes decidan sostener el DNU 70/23 serán, desde nuestra perspectiva, infames traidores a la Patria y, más temprano que tarde, juzgados por ello. Una banca en el Congreso no es un premio ni un espacio de proyección individual o económica, es una responsabilidad con el pueblo”, sentenciaron.
El mandato de las raíces
El pronunciamiento concluye apelando a la memoria identitaria de los legisladores, recordándoles el origen del mandato popular que hoy ostentan en Buenos Aires: “Les pedimos un voto que ratifique que la tierra argentina no es una mercancía, que el territorio merece protección y que el Ejecutivo no puede reemplazar al Congreso. A los diputados por Misiones les pedimos que recuerden de dónde vienen: la tierra colorada, las manos curtidas del productor y del tarefero, la familia agraria. Defiendan nuestro suelo. Defiendan nuestra historia”.
Con el debate parlamentario a la vista, el tablero político entra en zona de definiciones. Los votos de la representación misionera quedarán bajo la lupa social de una cuenca productiva que se juega, en el recinto, la subsistencia misma de su modelo agrario.
