En los considerandos, expresa que el Convenio Marco entró en vigor el 27 de febrero de 2005 y es uno de los pactos de mayor aceptación en la historia de las NACIONES UNIDAS.
Señala asimismo que la República Argentina es uno de los pocos países que, a pesar de haber firmado el CMCT en 2003, aún no lo ha ratificado. En efecto, desde el Mensaje enviado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL N° 778/04, remitiendo el pertinente proyecto de ley, iniciado ante el Senado de la Nación conforme surge del Expediente N° 219/04, han transcurrido casi DOS (2) décadas sin que se logre en nuestro país la imprescindible ratificación del CMCT, y asimismo a pesar de los sucesivos proyectos de Diputados y Senadores de la Nación que año tras año fueron propiciados para su aprobación.
Tras enumerar una serie de cuestiones relacionadas a la salud de los fumadores y al daño que ello produce, en ningún caso se menciona que nuestro país es productor de tabaco y que son miles de familias que viven de esa actividad.
Los tabacaleros argentinos
Es por ello, que desde el sector tabacalero insisten en señalar que la ley aprobada hace más de diez años, la N° 26.687, que sigue de cerca las medidas del Convenio, fue consensuada por todos los sectores e incluso va más allá de las “recomendaciones” del convenio marco, con la diferencia que tiene en cuenta a la producción en la argentina.
Destacan asimismo que la organización Mundial de la salud (OMS) y los sucesivos encuentros donde se debatió el tema, nunca tuvo en cuenta a los productores y que la ratificación del convenio marco por parte de argentina pondría en una situación muy compleja al sector, por cuanto cada recomendación deberá ser acatada por el país.
En este sentido, uno de los grandes temores es la “recomendación” de la eliminación del FET, instrumento que la OMS califica como un subsidio a la producción tabacalera en la argentina.
Habiendo tomado conocimiento de la decisión presidencial, productores de todo el país estarán reuniéndose esta semana a los efectos de evaluar las acciones. Una de las primeras medidas sería informar a los diputados y senadores de las siete provincias tabacaleras de la incidencia que tendría en la producción del país y el consecuente daño que podría causar.
