El decreto establece que los empleados públicos deben hacer uso obligatorio de sus licencias anuales reglamentarias, según las disposiciones del Decreto 683/89. En casos excepcionales, las jurisdicciones podrán convocar personal para asegurar servicios esenciales, como seguridad, salud, turismo y otras áreas estratégicas para el funcionamiento del Estado provincial.
Asimismo, el documento prevé medidas de contención de gastos, como el cierre de oficinas no prioritarias y la concentración de actividades en espacios reducidos. Los vehículos oficiales permanecerán en “parque cerrado”, con excepciones para las máximas autoridades y organismos que no están alcanzadas por la medida.
