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La causa iniciadas es por actos de maltrato a personal del tribunal y por otras inconductas.
Según uno de los integrantes del Consejo de la magiustratira “La verdadera casta es la de los jueces que está llena de privilegios. Sancionar a un juez en Argentina es casi imposible. En esta caso está recontra probado el maltrato a los empleados y apenas alcanzamos a sancionarlo en un expediente que demoró tres años”
La causa se inició en 2021 con una denuncia presentada contra Guerrero por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. En el expediente declararon 35 empleados y funcionaros del juzgado que, según el dictamen que aprobó el Consejo, coincidieron en señalar que sufrieron violencia diaria y acoso laboral por parte de Guerrero. Hicieron referencia a acoso, maltrato, insultos, indiferencia, correcciones sistemáticas en los expedientes, amenazas, persecución, llamados de atención, formación de sumarios que luego son archivados, entre otras. Se destacó que, salvo uno de los denunciantes, todos han sido reubicados en las sedes de otros tribunales o se han jubilado luego de licencias médicas. Incluso hubo renuncias.
En la causa, Guerrero hizo un descargo en el que sostuvo que la acusación en su contra era genérica y contraria a la realidad y que el clima de trabajo era propio de un juzgado fronterizo con sobrecarga de funciones. Así, negó los hechos y alegó que los denunciantes no lo conocen y describen a otra persona, dado que tiene una personalidad propia de una persona muy feliz.
De los 20 integrantes del Consejo, 18 votaron a favor de la sanción y se abstuvieron de votar los jueces Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero.
