La Justicia electoral, el Gobierno nacional y distintos especialistas coincidieron en destacar este jueves la transparencia y la solidez del sistema de votación después de que los apoderados de La Libertad Avanza (LLA) solicitaran por vía judicial permiso para vigilar y custodiar las urnas una vez finalizado el domingo el balotaje presidencial, algo que ya está previsto por la legislación, e insistieran en las sospechas de una presunta maniobra de fraude en contra de su candidato, Javier Milei.
La jueza electoral María Servini respondió en las últimas horas un pedido hecho el miércoles por Karina Milei y Santiago Viola, los apoderados de LLA, quienes argumentaron que en las elecciones nacionales del pasado 22 de octubre un grupo de «personas en redes sociales» había reportado «irregularidades», que podrían ser calificadas como fraudulentas, en los comicios en los que triunfó el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.
Ante esa sospecha, en principio fundada en versiones, Milei y Viola solicitaron a la Justicia que se le permitiera a sus fiscales vigilar y custodiar las urnas con los votos emitidos tras el balotaje.
Servini respondió que eso está permitido por la legislación vigente desde que termina la jornada de votación hasta la recepción de las urnas por parte de la Junta Electoral.
Además de «participar en todo el trámite, ejercer el control y la custodia de las urnas y documentación» del proceso electoral del balotaje, LLA cuestionó el accionar de la Gendarmería en la vigilancia de los votos y pidió que el trabajo que realiza habitualmente esa fuerza en los comicios sea tomado por la Fuerza Aérea y la Armada.
La respuesta judicial indicó que los hechos informados, por no tratarse de una denuncia formal, fueron «puestos en conocimiento de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y de los distritos electorales», y destacó que «las tareas de coordinación y ejecución referentes a las medidas de seguridad se encuentran a cargo del Comando General Electoral en cabeza del Ejército Argentino».
La presentación de LLA pidió a la Justicia que se preste atención «en determinados momentos» del proceso de votación «en los que podría configurarse fraude», entre ellos en la mesa electoral, porque «en ciertos casos faltan fiscales controladores y el aparato oficial coloca algunas boletas de más de su partido o suprime la de sus rivales».
Los apoderados del partido que lleva a Javier Milei como candidato presidencial planteó sus dudas acerca del rol de la Gendarmería una vez finalizado el escrutinio provisorio porque, a su criterio, pueden cambiar «el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante, y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral», agregó.
Por ese motivo, LLA requirió que la Gendarmería sea reemplazada por la Fuerza Aérea y la Marina, a las que sí consideraron «fuerzas honorables».
«La Gendarmería no hace esa mugre ni juega con la democracia de los argentinos», respondió el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que tiene bajo su cargo el desempeño de la fuerza integrada por 37.468 efectivos, detalló.
El funcionario dijo -en declaraciones al canal C5N- que denunciará judicialmente a los apoderados de LLA por instalar la sospecha de que los efectivos de esa fuerza podrían llevar a cabo una maniobra de fraude.
