En el marco del proceso de liquidación y división nacional de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), la delegación Misiones sufrió un golpe directo que pone en jaque la operatividad del servicio de salud para los uniformados y sus familias. Sin previo aviso ni causa formal, 17 trabajadores provinciales fueron degradados de planta permanente a contratos temporales y notificados de que quedarán desvinculados el próximo 30 de noviembre. Frente al inminente cese, el personal convocó este jueves a una asamblea urgente en Posadas y radicó amparos judiciales para frenar las cesantías.
El conflicto responde a la aplicación de la disposición nacional 709/2026, mediante la cual el organismo anuló la resolución 412/2023 que garantizaba la estabilidad laboral de empleados con trayectorias de 10, 20 y hasta 30 años de servicio. La maniobra, según advirtieron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), busca eludir el pago de indemnizaciones al reclasificar compulsivamente a los agentes bajo vínculos a término.
Posadas al límite operativo y cierre de hecho en Iguazú
De los 17 despidos confirmados en la provincia, 16 corresponden a la sede de Posadas. De efectivizarse las salidas, la capital provincial quedaría operativa con apenas cinco agentes de planta, un número que perfora el piso legal mínimo de diez trabajadores requerido para sostener una delegación distrital durante la transición hacia la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
El escenario es todavía más crítico en Puerto Iguazú, donde se desvinculó a Maximiliano Tworowski, el único agente civil de la dependencia. Tworowski sostenía en soledad desde hacía 13 años la atención administrativa, carga de sistemas, autorizaciones médicas y limpieza para un padrón de 350 efectivos activos de las fuerzas de seguridad y sus grupos familiares. Con su salida, la sucursal de la Ciudad de las Cataratas queda virtualmente desmantelada.
A la pérdida del puesto laboral se suma la crisis de cobertura que padecen los afiliados del norte misionero. Desde mayo pasado, farmacias y clínicas privadas de Iguazú cortaron los servicios por deudas acumuladas de la obra social. Los pacientes debieron costear el 100% de los tratamientos crónicos a la espera de reintegros dilatados o trasladarse más de 100 kilómetros —hasta Puerto Libertad, Leandro N. Alem u Oberá— para conseguir medicación en comercios que aún sostienen convenio.
Judicialización y ajuste a escala federal
Néstor Acuña, referente de la comisión directiva de ATE Misiones, confirmó a El Territorio que el gremio formalizó medidas cautelares y recursos de amparo ante los tribunales del Fuero Laboral, al tiempo que los empleados rechazaron individualmente las notificaciones mediante cartas documento para exigir la ratificación de su estabilidad.
Acuña advirtió además sobre la brecha que genera la digitalización forzosa en afiliados de edad avanzada o radicados en zonas rurales del interior provincial: «Hoy se pretende canalizar todo por autogestión virtual con claves que muchos beneficiarios no dominan. Se desmantela la atención presencial y se deja a la gente sin respuestas en tratamientos críticos», remarcó. El dirigente vinculó la crisis al colapso financiero arrastrado desde la gestión del exministro de Defensa Luis Petri, señalando que el organismo pasó de exhibir un superávit de $25.000 millones a una parálisis por cesación de pagos a prestadores.
El ajuste en la tierra colorada es parte de un recorte mayor: bajo la administración del liquidador Gonzalo Secchi, IOSFA formalizó 1.450 despidos en todo el país que se acoplan a 700 cesantías ejecutadas a finales de septiembre, acompañadas por el cierre de 31 farmacias propias y policonsultorios. La reestructuración apunta a la fragmentación del ente en dos sellos: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), un esquema que hasta ahora solo exhibe mostradores vacíos y desprotección sanitaria en el territorio.
