La Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú resolvió este jueves desestimar las denuncias y disponer el archivo de las actuaciones abiertas en torno al supuesto ingreso irregular al país del senador brasileño Flávio Bolsonaro y su grupo familiar. Tras analizar las pruebas oficiales, la fiscalía determinó que no se cometió ningún delito en el cruce por la frontera misionera.
La intervención judicial se inició el pasado 28 de octubre a partir de dos presentaciones que advertían sobre un presunto paso clandestino de Bolsonaro hacia la Argentina, una eventual evasión de los puestos de control aduanero e inspectivos en el viaducto internacional y el quebrantamiento de medidas cautelares dictadas en el exterior.
El fiscal federal subrogante Aníbal Martínez tomó la resolución luego de contrastar la situación legal del dirigente con los informes emitidos por los organismos pertinentes. En su respuesta, Interpol certificó que no pesaban restricciones, requerimientos judiciales ni pedidos de captura activos sobre el ciudadano brasileño.
Por su parte, los registros de la Dirección Nacional de Migraciones ratificaron que Bolsonaro ingresó al territorio nacional por el puente internacional Tancredo Neves el 27 de octubre de 2026 a las 22.37, completando debidamente el trámite migratorio. Poco después, a las 23.52 de esa misma noche, abordó un vuelo privado desde el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú rumbo a Ecuador.
Con estos elementos sobre la mesa, el fiscal remarcó que el senador contaba con total aptitud documental y legal para ingresar, transitar y egresar del país, sin que se hayan detectado anomalías en el accionar del personal de control apostado en el paso fronterizo.
Ante la contundencia de los registros oficiales, el Ministerio Público Fiscal consideró improcedente continuar con las medidas de prueba requeridas por los denunciantes —como el peritaje de cámaras de seguridad, libros de guardia, manifiestos de vuelo de la aeronave matrícula LV-JQW y pedidos de informes a empresas privadas— y dio por cerrada la investigación en la jurisdicción misionera. No obstante, una copia de la resolución será enviada a la Fiscalía Federal N.º 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tramita un expediente con planteos similares.
