La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso un freno transitorio a dos de los puntos más controvertidos de la reforma aduanera para zonas limítrofes. A través de la Resolución General 5914/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el organismo otorgó un plazo de gracia de 120 días corridos antes de hacer efectivas las restricciones que buscaban erradicar el contrabando hormiga y la reventa comercial.
La prórroga suspende temporalmente la aplicación de los incisos c) y d) de la normativa original (RG 5910/2026), que habían encendido alarmas operativas en las ciudades de frontera. En concreto, queda en pausa el veto explícito para cruzar trigo, soja y maíz en cualquiera de sus variantes, un bloqueo pensado originalmente para blindar materias primas y evitar fugas hacia circuitos informales de exportación. Al mismo tiempo, se posterga la prohibición para trasladar mercaderías en envases de 10 kilos o más (o su equivalente en volumen), un tope con el que el fisco buscaba desarticular las compras mayoristas disfrazadas de consumo personal.
Desde los despachos oficiales justificaron la tregua en la necesidad de no asfixiar el ritmo cotidiano de las comunidades limítrofes. Según los considerandos de la medida, la decisión responde a variables socioeconómicas y logísticas concretas: se busca dar tiempo a los pasos fronterizos para asimilar los controles sin paralizar el tránsito ni quebrar de golpe los usos y costumbres comerciales de la región.
No obstante, ARCA ratificó el rumbo de fondo amparándose en los artículos 578 a 580 del Código Aduanero. La postura oficial recuerda que el Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF) es un régimen de subsistencia y uso familiar que no puede funcionar como una vía libre para la intermediación comercial o industrial. La prórroga, en definitiva, no anula las restricciones; solo dilata el cronograma para que las economías de frontera ajusten sus esquemas antes del cierre definitivo de la canilla.
