Desde el 1° de noviembre, el cambio en las reglas del Mercado Eléctrico Mayorista (Resolución 400/2025) abrió un escenario crítico para las pequeñas y medianas industrias. La posibilidad de contratar directamente energía y potencia, que en teoría buscaba modernizar el sistema, terminó generando un fuerte impacto financiero en el sector.
Según Industriales Pymes Argentinos (IPA), unas 6.000 empresas quedaron alcanzadas por el nuevo esquema, pero apenas 800 lograron firmar contratos de abastecimiento. El resto enfrenta boletas que, en algunos casos, se multiplicaron por cuatro. Incluso quienes sí contrataron denuncian que los costos finales duplican lo pactado, lo que derivó en conflictos con los proveedores.
Reclamo por previsibilidad
Las PyMEs advierten que la transición se dio sin información suficiente ni acompañamiento. “Estamos obligando a una empresa a convertirse de un día para otro en especialista en contratación energética, cuando debería estar pensando en cómo producir y sostener el empleo”, remarcaron.
El sector reclama que el Estado convoque a los actores involucrados y revise los contratos donde existen diferencias significativas entre lo acordado y lo facturado. La crítica no apunta a la necesidad de discutir el funcionamiento del mercado eléctrico, sino a la forma en que se implementó la transición.
Riesgo de quebrantos
Los mayores costos ya producen endeudamiento y ponen en riesgo la continuidad de la producción. “Hacemos contratos y terminamos pagando hasta el doble de lo pactado. Alguien tiene que intervenir. Consideramos que estamos siendo estafados”, expresaron desde IPA.
El pedido central es recuperar previsibilidad sobre uno de los principales costos de la actividad industrial. Sin planificación ni una política energética de largo plazo, advierten, el nuevo modelo no resuelve problemas: los multiplica y empuja a muchas PyMEs al límite.
