La Justicia volvió a intervenir en el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas. El juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a cumplir con la medida cautelar vigente vinculada con la ejecución de la ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La resolución estableció un plazo perentorio de cinco días para que el Poder Ejecutivo dé cumplimiento efectivo a la cautelar y advirtió que, en caso contrario, podrán imponerse astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.
“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”, determinó Cormick en la resolución compartida. La vigencia de la cautelar ya había sido ratificada judicialmente.
