26 de agosto de 2026

Intendentes y legisladores rechazan la instalación de un nuevo peaje en Garuhapé

«Los misioneros necesitamos rutas seguras que resguarden nuestras vidas, y no una casilla de peaje que atente contra los bolsillos de quienes trabajan, estudian, comercian y producen»

Intendentes del departamento Libertador General San Martín, junto al diputado provincial Ale Arnhold, concejales, funcionarios de seis municipios y el presidente de la Cámara de Comercio local, Luis Edgardo Steffen, mantuvieron una reunión de urgencia para unificar un enérgico pronunciamiento de rechazo ante la decisión del Gobierno nacional de instalar una nueva casilla de peaje sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de esta localidad.

Los jefes comunales y representantes sectoriales expresaron su profunda preocupación por la medida, señalando que la nueva infraestructura vial se ubicaría a tan solo 68 kilómetros de las cabinas de cobro que ya operan en Colonia Victoria. Durante el encuentro, los mandatarios locales cuestionaron con dureza la falta de reciprocidad de la administración central, argumentando que la Nación no reinvierte en las rutas los fondos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles.

«Los misioneros necesitamos rutas seguras que resguarden nuestras vidas, y no una casilla de peaje que atente contra los bolsillos de quienes trabajan, estudian, comercian y producen», manifestaron los firmantes del reclamo. El arco político y comercial de la región coincidió en que el norte provincial requiere obras urgentes de mantenimiento e inversión vial, en lugar de la imposición de nuevas cargas impositivas.

El documento emitido tras el encuentro califica la iniciativa como un «castigo del centralismo» hacia una provincia que, según recordaron, padece postergaciones estructurales desde la década de 1990. Entre los reclamos históricos pendientes, mencionaron las demandas por el gasoducto, la hidrovía, una tarifa de energía eléctrica diferenciada, la reactivación de redes ferroviarias y la construcción de autovías.

Finalmente, las autoridades locales hicieron un llamado directo a los funcionarios y legisladores nacionales para que reflexionen y revisen la medida de manera inmediata. Advirtieron además que el proyecto profundiza un clima de malestar e incertidumbre que afecta directamente la economía y la tranquilidad de los vecinos de la zona y de toda la comunidad misionera.