El malestar social e institucional creció tras la confirmación de que la nueva estación de cobro se ubicará entre Garuhapé y San Miguel. Diversos sectores civiles y comerciales advierten que la medida fragmentará el tránsito productivo y vecinal de la zona, al sumarse a los peajes ya existentes en Santa Ana y Colonia Victoria en una distancia menor a 100 kilómetros.
Impacto en la economía regional y la salud
Transportistas y colonos: Denuncian que el nuevo esquema tarifario encarecerá de forma directa el traslado de hortalizas, mandioca y materia prima hacia los centros de acopio, reduciendo la rentabilidad de las chacras.
Vecinos de la zona: Manifiestan su rechazo debido a que el peaje afectará los traslados diarios obligatorios hacia Puerto Rico por motivos laborales, trámites bancarios o acceso a turnos médicos y farmacias.
Logística municipal: El sector técnico vial advierte dificultades presupuestarias para el consorcio intermunicipal, ya que el traslado diario de maquinaria pesada para reparar caminos de tierra sufrirá un sobrecosto imprevisto.
Reclamos por infraestructura deficiente
Las cámaras empresariales y los usuarios de la ruta coinciden en que la intención de cobrar una nueva tarifa resulta injustificada ante el estado actual de la calzada. Las principales quejas apuntan a la total falta de mantenimiento, la ausencia de obras de infraestructura previas, la falta de banquinas seguras y la nula inversión por parte del Gobierno Nacional en este corredor vial.
Para coordinar las acciones legales y gremiales frente a este escenario, se programó una reunión de emergencia en Puerto Rico. En el encuentro participarán jefes comunales de El Alcázar, Garuhapé, Capioví, Ruiz de Montoya, Puerto Leoni y Jardín América, junto a referentes del comercio local, con el objetivo de unificar el reclamo y exigir la suspensión del proyecto.
