El Senado se prepara para una sesión clave este jueves desde las 14, en la que se debatirá el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La discusión llega tras la decisión del oficialismo de retirar el capítulo sobre extranjerización de tierras, que había generado un fuerte rechazo de gobernadores y bloques opositores. La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó la participación remota de los senadores Anabel Fernández Sagasti, que cursa la semana 32 de embarazo, y Flavio Fama, en recuperación de una cirugía de rodilla, aunque la Cámara deberá convalidar esa modalidad en el recinto.
El dictamen oficial propone cambios profundos en tres áreas sensibles: desalojos, expropiaciones y manejo del fuego. En materia de ocupaciones ilegales, se establece un procedimiento de desalojo exprés que habilita al juez a ordenar la restitución de inmuebles usurpados en un plazo de 72 horas, siempre que el derecho invocado sea verosímil y previa caución juratoria. Para los inquilinos morosos, el plazo mínimo será de diez días tras la notificación formal.
Respecto a las expropiaciones, la declaración de utilidad pública se aplicará de manera restrictiva y el Estado deberá justificar con claridad sus motivos. El proyecto fija además un tope del 30% en la indemnización por ganancias no percibidas y establece una tasa de interés calculada en base a la inflación más la tasa a 30 días del Banco Nación.
En cuanto al manejo del fuego, la iniciativa deroga la prohibición de 30 años para cambiar el uso de campos incendiados, lo que habilita su destino agrícola o ganadero. Para los bosques nativos arrasados por incendios, se mantiene el veto al cambio de uso, pero se elimina el límite previo de 60 años.
La sesión se anticipa con un clima de tensión política, no solo por el contenido del proyecto sino también por la discusión sobre la participación remota de los legisladores, que abre un debate sobre si la aprobación requiere mayoría simple o el respaldo de dos tercios de los presentes. El oficialismo busca avanzar con un texto que redefine los mecanismos de defensa de la propiedad privada, mientras la oposición insiste en que las modificaciones pueden derivar en desalojos masivos y en un uso más flexible de tierras afectadas por incendios.
