Un amplio abanico de entidades agrarias, sociales, gremiales, ambientales, de derechos humanos y partidos políticos de Misiones manifestó su rechazo al proyecto de ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada”, que el Senado discutirá el 6 de agosto. La Mesa Socioambiental Misionera envió notas a los senadores nacionales de la provincia, reclamando un voto negativo.
El documento advierte que la iniciativa busca derogar la Ley 26.737 de Protección del Dominio Nacional sobre Tierras Rurales, con un “impacto directo y devastador para los misioneros”. Bajo el título “No al proyecto de entrega de tierras en el Congreso nacional”, las organizaciones alertan que la norma “abriría la puerta a la compra de tierras rurales por parte de empresas, particulares y Estados extranjeros”, profundizando la extranjerización del territorio.
El futuro de la tierra misionera
El manifiesto recuerda que más de 12 millones de hectáreas en el país ya están extranjerizadas y que, en Misiones, el 14% de las mejores tierras productivas pertenece a propietarios foráneos. Según el Observatorio de Tierras de la UBA, más de 325.000 hectáreas de la provincia están en manos extranjeras, lo que representa el 11,20% del territorio, más del doble del promedio nacional.
El repudio cuenta con el respaldo de asociaciones agrarias como la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, Productores Independientes de Piray, Movimiento Agrario de Misiones, Red de Agricultura Orgánica Misiones y la Asociación Forestal y Ambiental de Misiones. También se sumaron agrupaciones sociales y de derechos humanos como la Corriente Clasista Combativa, el Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera, el Servicio de Paz y Justicia y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; sindicatos como CTA-Autónoma Misiones, ATE Misiones, CGT Regional Misiones y la Unión de Docentes Universitarios de Misiones; y partidos políticos como Unidad Popular, Libres del Sur, Patria Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Frente Patriótico, Frente Patria Misiones, Partido Agrario y Social y Espacio Chacabuco.
Las organizaciones remarcan que la crisis del sector yerbatero, agravada por la apertura de importaciones y la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, golpea con dureza a pequeños productores y cooperativas. En ese contexto, concluyen: “Permitir sin límites la compra de tierras por capitales extranjeros no es una política económica: es una entrega de soberanía”.
