El ministro de Economía, Luis Caputo, puso a las privatizaciones en el centro de la estrategia financiera del Gobierno. Hace unos días, presentó el programa de financiamiento para 2026 y 2027 y anticipó que el Ejecutivo espera obtener u$s2.300 millones mediante la venta de activos estatales, recursos que se destinarán a reforzar el pago de los vencimientos de deuda en un año atravesado por el calendario electoral. ¿Cómo impactan en el frente fiscal y en qué estado se encuentran los principales procesos de venta?
El esquema prevé ingresos por u$s800 millones en 2026 y otros u$s1.500 millones en 2027, que se sumarán a otras fuentes de financiamiento como las colocaciones de deuda en el mercado local, préstamos de organismos multilaterales, futuras emisiones de bonos en dólares y los desembolsos previstos por el programa financiero oficial. Según explicó el equipo económico, la intención es cubrir los compromisos de deuda sin depender de una emisión internacional, mientras el Gobierno continúa buscando reducir el riesgo país que está a punto de perforar un nivel clave y recuperar el acceso al crédito externo en mejores condiciones.
Dentro de ese programa aparecen AySA, Belgrano Cargas, Intercargo y las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano. Sin embargo, cada proceso avanza a velocidades diferentes.
AySA, la privatización más avanzada
AySA encabeza la hoja de ruta del Gobierno para este 2026. Tras haber sido declarada «sujeta a privatización» mediante la Ley Bases, el Ejecutivo avanzó este año con un nuevo decreto que habilitó la transferencia del 90% del capital accionario. En las últimas semanas, el proceso registró nuevos avances. La apertura de ofertas está prevista para fines de agosto y el Gobierno apeló la medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires que había frenado transitoriamente la privatización. En este marco, ese fallo no debería alterar el cronograma previsto, ya que fue dictado por la Justicia bonaerense sobre una cuestión regulada por una norma de alcance federal, como la Ley Bases, aprobada por el Congreso Nacional por mayoría.
La licitación se realizará sin precio base. El pliego exige que el comprador tenga experiencia comprobable en la gestión de sistemas de agua potable y saneamiento, permite la participación de consorcios y fondos de inversión, pero excluye a empresas controladas por Estados extranjeros, firmas sancionadas por organismos internacionales, compañías en quiebra o con antecedentes de corrupción.
El esquema contempla dos etapas: primero se venderá al menos el 51% a un operador estratégico mediante licitación y luego se colocará el resto de las acciones estatales en el mercado de capitales. Actualmente, AySA presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, con una cobertura superior al 85% en agua potable y al 70% en saneamiento.
Belgrano Cargas, próximo a salir a licitación
El Belgrano Cargas es otro de los proyectos más avanzados. Los pliegos ya atraviesan la revisión final y solo resta la firma del ministro Luis Caputo para su publicación. Una vez publicados, comenzará un plazo cercano a 90 días para la presentación de ofertas, con la intención oficial de adjudicar la concesión antes de fin de año.
La licitación dividirá el negocio en tres procesos independientes: administración de vías, talleres y material rodante. Además, implementará el sistema de acceso abierto (open access), que permitirá que distintos operadores utilicen la red ferroviaria mediante el pago de un canon. El proyecto despierta interés entre grandes exportadoras de granos y empresas vinculadas a la logística, aunque requerirá inversiones por cientos de millones de dólares para renovar infraestructura, locomotoras y vagones, además de ampliar la capacidad de transporte.
Fuente: ambito
