El Ministerio de Economía puso en marcha un régimen especial para achicar los pasivos estatales en infraestructura. A través de la Resolución 1/2026, la Secretaría de Coordinación de Infraestructura oficializó un esquema de pago con títulos públicos destinado a saldar deudas acumuladas con empresas constructoras entre enero de 2022 y diciembre de 2025.
La medida responde a la política oficial de ajuste y ordenamiento de las cuentas públicas y se aplica ante la falta de fondos en el presupuesto nacional para cubrir pagos en efectivo. El plan prevé un límite máximo de $221.119.509.519 en bonos y letras del Tesoro.
Los compromisos se cancelarán en tres partes: un 33% con Letras del Tesoro (LECAP) que vencen en octubre de este año; otro 33% con Bonos del Tesoro (BONCAP) con vencimiento en enero de 2027; y el 34% restante con BONCAP que vence en abril de 2027.
Las constructoras interesadas tendrán diez días hábiles para inscribirse vía Trámites a Distancia (TAD). Los cupos se otorgarán por orden de llegada y las firmas deberán presentar planillas de liquidación detalladas. A cambio, deberán firmar un acta acuerdo en la que renuncian expresamente a iniciar juicios o reclamos administrativos contra la Nación, y tampoco podrán exigir compensaciones futuras por diferencias en el valor de los bonos.
El circuito de pago tendrá un fuerte control interno: cada acuerdo pasará por las áreas técnicas de Economía y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La resolución, firmada por el secretario Fernando Augusto Hermann, comenzará a aplicarse oficialmente desde mañana.
