El PAMI, la obra social más grande de América Latina, enfrenta un escándalo que golpea de lleno su sistema de prestaciones médicas. Nuevas auditorías ordenadas por el titular del organismo, Esteban Leguízamo, detectaron inconsistencias graves en la facturación de médicos de cabecera: consultas que superan la capacidad horaria declarada, órdenes emitidas a nombre de afiliados fallecidos y prácticas que nunca existieron.
La maniobra, según los expedientes del INSSJP, derivaría en un fraude millonario. Los principales casos se concentran en Buenos Aires, Santa Fe y Chaco, con al menos siete profesionales comprometidos. Entre ellos, un cardiólogo de Rosario que fue allanado por la Justicia y que habría defraudado al PAMI por unos $700 millones, de los cuales $580 millones ya habían sido abonados.
El patrón es sistemático: las prestaciones facturadas exceden ampliamente la cantidad máxima de consultas posibles según las horas de atención registradas en el sistema. Ante estas irregularidades, el organismo dispuso retenciones preventivas de pagos, rescisiones de contratos y denuncias penales.
La investigación, impulsada por la UFI-PAMI y la Oficina de Criminalidad Económica, ya derivó en allanamientos en consultorios y domicilios particulares. Los fiscales sostienen que el médico registraba múltiples atenciones diarias a decenas de pacientes, incluyendo estudios complejos, muchos de ellos a afiliados que ni siquiera residían en la provincia.
