La resolución fue firmada por la jueza de Instrucción Marina Durand de Pereyra, quien consideró que existen pruebas suficientes para sostener la acusación.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la concejal Carmen “Chipi” Braña, quien señaló que Garay habría utilizado fondos públicos para afrontar un millonario acuerdo extrajudicial con su expareja, Alexandra Frey Ríos. El documento judicial indica que el exjefe comunal desembolsó cerca de 56.000 dólares para cerrar el conflicto, pero no logró justificar el origen lícito de ese dinero. La principal hipótesis es que habría recurrido a recursos de las arcas municipales durante su gestión.
Un expediente con idas y vueltas
El procesamiento de Garay había regresado semanas atrás al foro judicial de Santo Tomé por errores de redacción en la resolución inicial. Subsanados los defectos técnicos, el juzgado ratificó la acusación y habilitó la instancia para la elevación a juicio.
Con esta decisión, la situación procesal del exintendente peronista se torna delicada: la Justicia lo coloca en el centro de una causa que podría derivar en un juicio oral y público, donde deberá explicar el origen de los fondos utilizados en el acuerdo extrajudicial.
