El Congreso se prepara para dos jornadas intensas. La Cámara de Diputados inicia el debate público sobre la reforma de la Ley de Glaciares, con un esquema de audiencias que combina 200 exposiciones presenciales y 200 virtuales. El resto de los inscriptos deberá enviar su postura por escrito o en video.
Cada orador dispondrá de cinco minutos, un límite que será controlado por las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. La magnitud de la convocatoria y las restricciones anticipan un debate complejo.
La oposición reclama extender las jornadas para garantizar mayor participación, mientras que el oficialismo ratificó el cronograma previsto para el 25 y 26 de marzo.
Bajo la lupa judicial
Un intento de suspender las audiencias fue rechazado, pero aún resta definir una cautelar presentada por organizaciones ambientalistas como FARN y Greenpeace. Estas entidades cuestionan las limitaciones del esquema y advierten que podrían vulnerar el derecho a la participación ciudadana.
Repercusiones fuera del recinto
Desde la mañana habrá cortes de tránsito y operativos de seguridad en la zona del Congreso. Para la tarde está prevista una marcha de organizaciones ambientalistas, en un contexto de fuerte tensión política y social.
La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado, abre un debate de fondo: el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.
