El Gobierno nacional dispuso este lunes una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por 180 días, con el objetivo de relevar documentación, revisar balances, contratos y operaciones financieras de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
La medida fue adoptada por el Ministerio de Justicia tras un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), que venía reclamando información contable y administrativa. Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a libros contables, registros administrativos y acuerdos comerciales de la AFA.
Qué se revisará
La tarea incluye la elaboración de un informe final y reportes parciales si se detectan irregularidades. Entre los puntos a analizar figuran:
- Estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025.
- Cumplimiento de impuestos, aportes y contribuciones previsionales.
- Documentación vinculada con la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA).
- Relaciones comerciales con firmas y personas bajo observación, entre ellas TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.
Objeciones previas y disputa por la sede
La resolución se apoya en objeciones de la IGJ, que sostuvo que la AFA no entregó información requerida sobre el ejercicio 2025 ni sobre la UNAFA. Además, cuestionó el intento de la entidad de fijar domicilio en la provincia de Buenos Aires, calificando esa mudanza como “ficticia”.
Resistencia de la conducción
La conducción de la AFA rechazó públicamente la medida, la calificó como una “veeduría ilegítima”, negó irregularidades en los balances y anticipó que buscará frenar cualquier avance por la vía judicial.
Una auditoría que abre otro frente
La veeduría no equivale a una intervención plena ni altera el funcionamiento cotidiano de la AFA, pero abre una etapa de auditoría formal sobre uno de los núcleos más sensibles del negocio del fútbol argentino. El resultado podría derivar en nuevos requerimientos, sanciones administrativas o un conflicto más profundo en sede judicial.
