El mercado de alquileres en Posadas sigue mostrando tensiones fuertes para quienes buscan una vivienda digna. Aunque la oferta creció en los últimos meses, son las posibilidades económicas de las familias trabajadoras las que hoy restringen el acceso.
“Actualmente el alquiler de un departamento de dos ambientes se ubica entre los $550.000 y los $720.000 mensuales, lo que implica más del 45% o 50% del ingreso de un trabajador promedio acá en Posadas, ni hablar si está en la informalidad”, explicó a PRIMERA EDICIÓN el presidente de la Asociación Misionera de Inquilinos, Adrián Torres. Y agregó: “En Europa o Estados Unidos esa afectación es del 30% como máximo. Acá estamos superando el 45% e incluso el 50% del ingreso de un asalariado promedio”.
Impacto tras la derogación de la ley
Torres analizó que, si bien la derogación de la ley nacional de alquileres generó una aparente recuperación de casas en oferta, “creo que es más una cuestión de imposibilidad económica de los inquilinos que otra cosa”.
El dirigente insistió en que las condiciones económicas, contractuales y sociales tras la desregulación crearon un escenario complejo para inquilinos, estudiantes, jubilados y familias de ingresos medios y bajos.
Según datos de consultoras inmobiliarias y portales del sector, en Posadas los precios varían según zona y tipo de propiedad: un monoambiente cuesta entre $200.000 y $380.000 por mes, y casi el doble en el microcentro. Los departamentos de más dormitorios superan ampliamente esos valores. “Continuamos teniendo fuertes signos de presión al inquilino”, aseguró Torres.
A esto se suma la incertidumbre contractual: ajustes cada cuatro o seis meses y mayores exigencias que complican aún más el panorama.
Necesidad de legislación protectora
Con el actual escenario de precios, los más afectados son estudiantes, jubilados y familias de ingresos medio-bajos. Desde la Asociación, Torres sostuvo que “el mercado por sí solo no está resolviendo el acceso a la vivienda, y resulta necesario avanzar en políticas que aporten previsibilidad y equilibrio”.
Entre las alternativas, mencionó que el Estado podría subsidiar impuestos inmobiliarios de las casas que se ofrecen en alquiler. “El acceso a una vivienda en alquiler no puede ser solo una cuestión económica, sino también un factor de estabilidad social. Hay que garantizar el acceso a una casa digna, que es condición básica para la estabilidad social”, remarcó.
Finalmente, subrayó: “El mercado inmobiliario es especulador, tanto en nuestro país como en muchas partes del mundo. Pero en la mayoría de los países, incluso los que tanto admira nuestro presidente Javier Milei, existen legislaciones claras en materia de alquiler que cuidan a los inquilinos”.
