En un giro marcado por la desprolijidad política, el Poder Ejecutivo retiró del Congreso el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil apenas 24 horas después de haberlo enviado. La decisión respondió a un error de cálculo político: el texto fijaba la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el acuerdo con los bloques aliados establecía 14.
El problema no fue la reforma en sí, sino el modo. El dictamen consensuado en 2025 había fijado con claridad los 14 años como límite mínimo. Al modificarlo unilateralmente, el oficialismo perdió los votos necesarios y quedó expuesto a una derrota segura en comisiones. La retirada fue, en ese contexto, una maniobra defensiva para evitar un traspié mayor.
Más allá de la edad de imputabilidad, el proyecto incluía un punto clave: el financiamiento explícito de la ley, con partidas de $20.000 millones para la Defensoría General y $3.000 millones para el Ministerio de Justicia. Esa incorporación respondía a un reclamo histórico del sistema judicial y buscaba garantizar que la norma no quedara en letra muerta.
La paradoja quedó expuesta: el Gobierno avanzó en el aspecto que pedía la oposición dialoguista —el financiamiento real—, pero dinamitó el consenso político al bajar la edad de imputabilidad.
El camino ahora parece claro pero costoso: volver al límite de 14 años, “limpiar” el texto y reconstruir la confianza con los aliados para que la reforma pueda regresar al circuito parlamentario.
