La investigación por el presunto fraude en la venta de entradas al Parque Nacional Iguazú suma capítulos de extrema gravedad. Lo que comenzó como una falla técnica derivó en una denuncia por un desfalco millonario que involucraría a empleados de la concesionaria, guías de turismo y coordinadores, quienes habrían operado de forma coordinada para estafar al Estado y a la empresa.
Al menos ocho personas ya fueron despedidas y se espera que en los próximos días la empresa radique denuncias penales por delitos de defraudación y asociación ilícita.
La maniobra consistía en aprovechar las vulnerabilidades del sistema SETECA, que permite la compra de tickets sin validar la identidad ni el correo electrónico. Esto facilitó que guías y prestadores turísticos realizaran compras masivas de entradas gratuitas o bonificadas (destinadas a residentes o jubilados) para luego entregárselas a turistas extranjeros, quedándose con la diferencia del valor real del ticket.
En una nota elevada al presidente del Directorio de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, la empresa Iguazú Argentina S.A. advirtió que estos hechos revelan un «accionar organizado con terceros externos» que excede el ámbito disciplinario interno de la compañía.
Ante la gravedad de la situación y el perjuicio económico generado, la concesionaria solicitó formalmente:
-El cese inmediato del uso del sistema SETECA para el cobro de accesos.
Que se habilite a la empresa a implementar su propio sistema de gestión de cobro, amparándose en lo establecido en el contrato de concesión de obra pública.
