El Gobierno nacional presentó un pedido formal a la jueza Loretta Preska para suspender el proceso de discovery y la moción de desacato impulsada por los demandantes en el litigio vinculado a YPF. La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) sostuvo que los requerimientos “intrusivos y desproporcionados” afectan de manera directa la soberanía argentina y las relaciones internacionales.
Cumplimiento y escalada de reclamos
El discovery permite a los beneficiarios del fallo solicitar información y rastrear activos embargables para ejecutar la sentencia. Desde la PTN recordaron que, durante gobiernos anteriores, la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades. En contraste, remarcaron que desde diciembre de 2023 el Estado cumplió plenamente con las obligaciones impuestas por el tribunal y entregó un volumen de información “sin precedentes”.
Sin embargo, advirtieron que los demandantes escalaron sus reclamos hacia pedidos “jurídicamente inaceptables, invasivos y ajenos al objeto del proceso”. Entre ellos, mencionaron la solicitud de datos sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central, activos protegidos por inmunidad de ejecución.
Hostigamiento y presión
La Procuración denunció que el discovery se transformó en una herramienta de hostigamiento destinada a entorpecer el funcionamiento del Estado argentino. Señaló que los demandantes manifestaron explícitamente su objetivo de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica del país, una conducta calificada como “inaceptable jurídica y moralmente”.
Defensa en todas las instancias
Finalmente, el Gobierno ratificó que continuará ejerciendo todas las herramientas legales disponibles para proteger la soberanía, defender el Estado de Derecho y frenar pedidos que vulneran la Constitución y los principios básicos del derecho internacional.
