La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei avanza en el Congreso con un alcance que excede la relación entre empleadores y trabajadores. Detrás del articulado que el oficialismo logró encaminar en el Senado, se esconde una modificación profunda del esquema tributario que afectará directamente las finanzas provinciales.
El impacto en Misiones
Según un informe técnico de impacto fiscal, el recorte proyectado para Misiones asciende a $59.756.411.600, cifra que ubica a la provincia entre las jurisdicciones más golpeadas por la iniciativa. El documento advierte que la combinación de rebajas impositivas, eliminación de tributos y reducción de aportes a la seguridad social configura una reforma tributaria encubierta que reduce de manera significativa la masa coparticipable.
Caída de recursos federales
El núcleo del problema está en la merma de los fondos que integran el régimen de coparticipación federal. La pérdida surge principalmente de:
- La reducción del Impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades.
- La eliminación del impuesto cedular.
- La derogación parcial de impuestos internos que hoy alimentan las arcas provinciales.
Con los índices de distribución vigentes del Consejo Federal de Inversiones para 2026, el monto total afectado asciende a $3.187 billones. En ese esquema, Misiones registra un índice de participación del 0,01874838, lo que se traduce en una merma cercana a los $60 mil millones anuales.
Alivio para empresas, presión para provincias
Uno de los puntos más sensibles es la reducción de las contribuciones patronales, tanto la prevista en el artículo 163 del proyecto como la vinculada al Fondo de Asistencia Laboral. Si bien estas medidas se presentan como un alivio para los empleadores, generan una pérdida significativa de recursos para la seguridad social y presionan sobre el financiamiento del Estado, con impacto posterior en las provincias.
A esto se suma la rebaja de tres puntos en las alícuotas de Ganancias para sociedades y la virtual eliminación del impuesto cedular. El paquete también incluye la derogación de impuestos internos que gravan seguros, telefonía, bienes suntuarios, vehículos, embarcaciones y aeronaves.
Un costo estructural
En términos macroeconómicos, el costo fiscal total de las medidas representa el 1,278% del PBI proyectado para 2026. Aunque el Gobierno nacional relativiza el impacto y lo presenta como una inversión para formalizar el empleo, los números reflejan una reducción concreta de recursos para los distritos.
Dentro del ranking de provincias más afectadas, Buenos Aires encabeza la lista con una pérdida superior a los $397 mil millones, seguida por Santa Fe y Córdoba. El informe advierte que, de sancionarse la reforma en estos términos, el impacto fiscal no será inmediato pero sí estructural, condicionando las cuentas provinciales en los próximos años.
