De acuerdo al testimonio difundido por los damnificados, la recepción estuvo a cargo de María F. y Rubén L., responsables del servicio de catering denominado “María López”. Cerca de las 15, los organizadores informaron la suspensión del evento al alegar que el salón no contaba con medidor de energía eléctrica y que, por ese motivo, no había suministro de luz.
Sin embargo, los denunciantes señalaron que los responsables se encontraban en el lugar desde las 8 de la mañana y que, aun conociendo la situación, no dieron aviso previo a los padres ni a los alumnos, ni consultaron decisiones posteriores. De manera unilateral, procedieron a cancelar servicios que ya estaban pagos, entre ellos decoración, bebidas, hielo, DJ y vajilla.
Horas más tarde, alrededor de las 16, alumnos y familiares se presentaron en el salón en busca de explicaciones. Según indicaron, gracias a la intervención de la madre de un egresado se logró reinstalar el medidor eléctrico, lo que permitió restablecer el servicio y evidenció que el inconveniente tenía una solución inmediata. Pese a ello, los organizadores mantuvieron la decisión de no realizar la recepción en las condiciones pactadas.
Finalmente, la fiesta se llevó adelante, aunque —según la denuncia— sin cumplir lo establecido en el contrato. Los egresados afirmaron que no se sirvió la comida acordada, que las entradas frías no estaban preparadas y que el plato principal prometido fue reemplazado por pollo, servido recién a las 2 de la madrugada.
Como consecuencia de estas falencias, varias familias debieron afrontar gastos adicionales para cubrir servicios incluidos originalmente. Indicaron aportes de $100.000 para vajilla, $400.000 para la contratación de un DJ y $480.000 destinados a la compra de pizzas ante la falta de comida.
Los denunciantes también detallaron el esfuerzo económico previo: la tarjeta de la recepción comenzó con un valor de $72.000 y, tras aumentos mensuales, alcanzó los $135.000 en diciembre, sin contabilizar vestimenta, traslados y otros gastos asociados.
