La Cámara de Diputados volverá a encender este miércoles, desde las 14, el dispositivo solemne de las sesiones extraordinarias. En el centro del temario: el Presupuesto 2026, la Inocencia Fiscal y el Compromiso Fiscal. Tres piezas clave que el oficialismo logró empujar hasta el recinto gracias al acompañamiento de sus aliados parlamentarios.
La convocatoria lleva la firma del presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y funciona como el gesto inaugural del período extraordinario que se extenderá hasta el 30 de diciembre. Una puerta que se abre y deja ver el tablero político en plena tensión de fin de año.
El camino hasta el recinto
Antes de llegar al hemiciclo, cada proyecto tuvo que atravesar el ritual técnico de los dictámenes. En Presupuesto y Hacienda, presidida por Benegas Lynch, la ley de gastos obtuvo 28 firmas favorables y 6 disidencias. Unión por la Patria respondió con dos dictámenes propios, sumando 18 firmas, mientras que Provincias Unidas presentó un tercero con 3 adhesiones.
El Compromiso Fiscal repitió la cifra de 28 firmas, aunque con 4 disidencias. Unión por la Patria volvió a marcar su posición con un dictamen alternativo.
La Inocencia Fiscal, en cambio, reunió una mayoría más holgada: 44 firmas sobre 76 diputados presentes. Un gesto político que anticipa el clima del debate.
Presupuesto 2026: la arquitectura del año que viene
La llamada “Ley de leyes” proyecta un gasto total de $148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI y un superávit financiero del 0,3%. El Gobierno imagina un 2026 con inflación del 10,1% y crecimiento del 5%, una hoja de ruta que busca transmitir orden y previsibilidad.
El artículo 75 introduce un movimiento fuerte: deroga las leyes 27.793 y 27.795, vinculadas a la emergencia en discapacidad y al financiamiento universitario. Una señal de reconfiguración del mapa presupuestario.
Las prestaciones sociales tendrían un aumento real del 5,7%. Dentro de ese esquema, las jubilaciones mejorarían en promedio un 6%, aunque con variaciones según el nivel de ingresos. El bono para quienes cobran la mínima quedaría congelado en $70 mil, lo que implica una caída real del 13,8%. Así, la mínima retrocedería cerca del 1%, mientras que el resto de los haberes crecería alrededor del 2,2%.
El proyecto también prevé un recorte real del 10,6% en pensiones por discapacidad, asociado a la baja de unos 155 mil beneficios. Un punto que promete tensiones en el debate.
Inocencia Fiscal: un cambio de paradigma
El proyecto propone invertir la lógica del sistema tributario: el contribuyente será considerado inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario. La apuesta es descomprimir controles, simplificar trámites y atraer al circuito formal ahorros retenidos durante los años del cepo.
El Gobierno sostiene que una menor presión fiscal-operativa podría reactivar transacciones cotidianas, pequeñas inversiones y operaciones sobre bienes registrables sin el temor permanente a inspecciones o sanciones.
La iniciativa reduce a tres años la prescripción del delito de evasión, limitando la ventana para denuncias penales, pero endurece las multas por incumplimientos. Además, eleva los montos mínimos para tipificar delitos tributarios y crea una Declaración Jurada Simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas, con presunción de veracidad y efecto liberatorio del impuesto a las ganancias, salvo casos de omisiones graves o falsedad documental.
Compromiso Fiscal: la regla y la sanción
El proyecto establece que el Presupuesto deberá ser equilibrado o superavitario. Si los ingresos caen o el gasto sube, se activa un mecanismo automático de ajuste. Una regla que busca blindar la disciplina fiscal.
Toda ley que implique gastos deberá incluir un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo y su fuente de financiamiento. Las normas que generen erogaciones no previstas sólo regirán cuando se incorporen al presupuesto siguiente, salvo que cuenten con recursos propios.
La reforma del Código Penal incorpora nuevos delitos para funcionarios que incrementen el gasto sin respaldo de recursos, con penas de uno a seis años e inhabilitación absoluta. Las sanciones se vuelven más severas para autoridades del Banco Central que autoricen emisión irregular o faciliten su circulación con conocimiento de origen ilícito: de tres a diez años de prisión, con duplicación si se prueba ánimo de enriquecimiento personal o de terceros.
