A través del Decreto 787/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional derogó la norma 2417/1993 y desreguló el sistema de aranceles en los institutos de educación pública de gestión privada. La medida pone fin a más de tres décadas de regulación estatal sobre cuotas y matrículas, y marca un giro profundo en la relación entre el Estado y el sector educativo privado.
Desde ahora, los establecimientos ya no estarán obligados a comunicar ni solicitar autorización para modificar sus valores, lo que —según el Ejecutivo— permitirá una mayor adaptación a las realidades económicas y educativas del país. El decreto sostiene que el modelo vigente respondía a un contexto institucional distinto, cuando la administración educativa dependía directamente del Gobierno nacional.
Con la transferencia de competencias a las provincias, el texto argumenta que corresponde revisar el marco normativo para favorecer un entorno más propicio para la gestión privada, garantizando la sostenibilidad de su labor y el derecho a una educación de calidad.
El Gobierno también cuestionó la intervención estatal en la fijación de precios, al señalar que ha generado efectos contraproducentes que afectan la viabilidad económica de los institutos. Según el análisis oficial, la obligación de informar y autorizar cuotas con antelación limita la capacidad de respuesta frente a las fluctuaciones del mercado, y en algunos casos, perjudica a las familias que deben afrontar aranceles más altos desde el inicio del ciclo lectivo.
El decreto subraya además el derecho de propiedad de los establecimientos, al plantear que deberían tener libertad para definir sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de aprobación estatal. En ese marco, advierte que la rigidez del sistema vigente puede derivar en una precarización de la calidad educativa.
Finalmente, se instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las pautas del Decreto 2542/1991 —considerado la norma madre del financiamiento educativo privado— con el objetivo de avanzar hacia un nuevo esquema basado en el principio de libre contratación, en el marco de una competencia leal y ajustada a las demandas del mercado.
