En el Congreso se avecina uno de los debates más importantes del año: el del Presupuesto 2026. Sin esa ley, el Gobierno se aboca a administrar con discrecionalidad y la oposición puja con sanciones de emergencias presupuestarias, que son vetadas hasta dilatar su aplicación. Después de un nuevo avance en la Cámara de Diputados, el sector de la ciencia y tecnología del país se esperanza con que se revierta esta tendencia y que se recupere la inversión en áreas estratégicas.
La particularidad de la media sanción que recibió la emergencia en ciencia, tecnología e innovación esta semana es que la sesión inició el miércoles al mediodía y los diputados la votaron cerca de las dos de la madrugada del jueves. La aprobación fue unánime, con 132 votos afirmativos, apenas tres por encima de la mayoría simple y con algunos acompañamientos inesperados, como los de los exlibertarios de Coherencia o habituales aliados provinciales desde Misiones, Chubut y San Juan. Los 125 diputados restantes se ausentaron: más de 100 de ellos estaban en el Congreso, pero no bajaron al recinto o se quedaron al lado de sus bancas sin sentarse, buscando no garantizar el quorum.
La iniciativa pide la adecuación de las partidas presupuestarias necesarias para el funcionamiento de los organismos científicos, además de solicitar que se garantice la distribución federal, ante los distintos tratamientos que reciben las provincias. En el medio de la sesión, se agregaron dos artículos: la actualización de los ingresos de todo el personal del sistema nacional de ciencia considerando el IPC de diciembre de 2023 a la actualidad; y la declaración de bienes públicos estratégicos a los sectores nucleares, de telecomunicaciones, aeroespaciales y de industria para la defensa. De sancionarse, se evitarían privatizaciones de compañías estatales, a menos de que se aprueben leyes especiales con este objetivo desde el mismo Congreso.
Lo que resta es que el Senado, en donde la posición opositora es más sólida, convierta en ley la emergencia. Según pudo conocer Ámbito, esto podría ocurrir antes de las elecciones del 26 de octubre. A partir de allí, el proyecto tendría el destino del resto de las aprobaciones que no coinciden con la agenda de Casa Rosada: veto y revisiones. El antecedente de la emergencia en discapacidad, que incluso habiéndose revertido el veto presidencial no se terminó aplicando, se encuentra en tensión en la Cámara de Diputados, en donde analizan una moción de censura contra Guillermo Francos, lo que implicaría su destitución.
El sector científico en el Presupuesto 2026
El 14 de octubre inicia otro camino parlamentario decisivo, cuando la Comisión de Presupuesto de Diputados comience a debatir la ley de Presupuesto 2026. Uno de los lineamientos del proyecto enviado por Javier Milei ya genera una advertencia al sector: se propone derogar los artículos 5°, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que garantiza el aumento paulatino -o al menos la asignación equitativa a la partida previa- para tender al 1% del PBI de inversión científica hacia 2032.
La emergencia en ciencia pide recuperar la paridad federal en la distribución presupuestaria.
CIICTI
La realidad es mucho más austera. Según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), el presupuesto para ciencia y tecnología proyectado para 2025 es de 0,16% del PBI, piso histórico de las últimas dos décadas con una caída del 45,1% respecto a 2023. Además, el propio proyecto presupuestario estipula la reducción de 274 becarios en formación con respecto a 2024, pasando de 10.378 a 10.104.
Un informe del CEPA termina de ilustrar la reducción de la inversión diseñada en el Presupuesto 2026. En la propuesta oficialista, se estipula la disminución de financiamiento de organismos estructurales para el sistema científico nacional, con marcadas caídas en valores absolutos si se las compara con los fondos que se disponían en 2023. Sin considerar la emergencia financiera que también atraviesan las universidades públicas, algunas de las instituciones de referencia son la CONAE (-59,4%), la CNEA (-53,1%), el INTI (-49,6%), el INTA (-44,7%) y el CONICET (39%).
La situación de la ciencia nacional
A la desinversión en ciencia se le suman reclamos por venta de patrimonio (un edificio histórico en el barrio porteño de Palermo perteneciente al INTA por u$s18,5 millones, como ejemplo más representativo) y pedidos de investigación judicial por desvío de fondos correspondientes a créditos internacionales. En febrero de este año, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología elevaron una denuncia ante el Banco Interamericano de Desarrollo por la retención de u$s53 millones, que tenían como objetivo financiar proyectos científico-tecnológicos. Luego presentaron un amparo contra el Estado Nacional por la «denegatoria al pedido de información pública». La causa está en manos del juez Alejo Ramos Padilla.
Fuente: Ambito
