03 de octubre de 2025

El Gobierno nacional eliminó 71 normas comerciales

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la derogación de 71 normas que establecían controles, obligaciones y mecanismos de supervisión en el sector comercial. La medida fue impulsada por la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, y forma parte…

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A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la derogación de 71 normas que establecían controles, obligaciones y mecanismos de supervisión en el sector comercial. La medida fue impulsada por la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, y forma parte de un proceso de ordenamiento jurídico orientado a “eliminar trabas burocráticas y transparentar el comercio interno”.


Alcance normativo


Según el comunicado oficial, las normas derogadas habilitaban “controles de precios abusivos”, exigían información “sin finalidad específica” y regulaban programas ya desarticulados, como Precios Justos, Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas.


El detalle incluye:

  • 27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento, ya eliminada al inicio de la gestión
  • 24 disposiciones vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), organismo ya dado de baja
  • 20 regulaciones asociadas a programas en desuso: Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y Ley de Góndolas, entre otros.


Fundamentos técnicos


El primer grupo de normas exigía información sin destino operativo, regulaba precios máximos en contexto de pandemia, intervenía en la distribución de Gas Oil y establecía mecanismos de control que, según el Gobierno, ya no se justifican en el marco actual.


Desde la Secretaría de Comercio se destacó que esta resolución se suma a más de 170 derogaciones realizadas desde el inicio de la gestión, con el objetivo de “promover la libre competencia y reducir la carga administrativa sobre el sector privado”.