En el marco de la sesión especial de este miércoles, que incluyó el rechazo de los vetos presidenciales a la Emergencia Pediátrica y al Financiamiento Universitario, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la conformación de una comisión investigadora sobre el caso del fentanilo contaminado.
Aunque inicialmente se esperaba el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, un acuerdo parlamentario entre referentes opositores y la diputada Silvana Giudici permitió avanzar directamente con la sanción del proyecto de resolución.
El texto consensuado establece como objetivo central la investigación de la cantidad total de casos confirmados y sospechosos vinculados al consumo de fentanilo contaminado.
También se abordará la cronología del brote, la primera notificación, las causas y responsabilidades en el sistema sanitario público y privado, y el estado de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma.
La comisión estará integrada por 31 diputados en representación proporcional de todos los bloques. Designará una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría, y funcionará bajo el quórum previsto en el artículo 108 del reglamento de la Cámara.
Además, tendrá facultades para solicitar informes a organismos estatales de todos los niveles y convocar a funcionarios públicos y actores del sector privado. El plazo para la elaboración del informe final se extenderá hasta el 9 de diciembre de 2025.
La iniciativa responde al reclamo de familiares de víctimas, que exigieron una instancia institucional para esclarecer responsabilidades. En paralelo, se presentaron cinco proyectos con diferencias metodológicas en cuanto a la composición y atribuciones de la comisión.
El oficialismo intentó dilatar el tratamiento mediante una maniobra encabezada por Martín Menem, quien giró el expediente a Asuntos Constitucionales, comisión presidida por Nicolás Mayoraz, referente de La Libertad Avanza. Esta estrategia buscaba evitar el avance de proyectos opositores, en línea con la postura de no convocar reuniones que habiliten su discusión.
La aprobación de la comisión investigadora expone la tensión entre los bloques parlamentarios y el Gobierno nacional, y marca un punto de inflexión en el abordaje institucional de una crisis sanitaria que ya dejó decenas de víctimas en distintos puntos del país.
